Módulo 14: El reducto de los “presos políticos” en Santiago 1

Este es el módulo especial donde están recluidos la mayoría de los detenidos acusados por supuestos delitos asociados a la revuelta. Los familiares cuentan que los gendarmes “han reventado” las celdas para ver si portan armas. En general, son jóvenes estudiantes y trabajadores; entre ellos, un argentino. Pese a las dificultades, al interior del módulo están armando una biblioteca para pasar las horas de encierro. Abogados, familiares y psicólogas comentan a El Desconcierto sobre sus visitas frecuentes a Santiago 1 en estos últimos tres meses.

 

Jorge Ulloa está afuera del Centro de Justicia, a unas cuadras del metro Rondizzoni, esperando que termine la audiencia donde nuevamente revisarían las medidas cautelares de su hijo Diego Ulloa (22). Su nombre también se lee en la polera que lleva puesta especialmente para esta ocasión: “Justicia para Diego”, dice.

 

Los traslados de Jorge y su familia, desde La Florida hasta ese lugar, se han hecho frecuentes desde hace tres meses. Diego fue detenido el 13 de diciembre por el supuesto porte de una bomba molotov y líquido acelerante, después de haber asistido a una manifestación en el Costanera Center.

 

Desde entonces, el estudiante de gastronomía internacional está recluido en el módulo 14 de Santiago 1. Este espacio fue especialmente dispuesto por Gendarmería para los detenidos imputados por delitos asociados al estallido. Aunque también hay personas acusadas por otros motivos, la mayoría corresponden al primer grupo. Según confirmó la institución a El Desconcierto, actualmente 100 personas  se encuentran ahí, duplicando la cifra que tenían a fines de octubre.

 

La Coordinadora “18 de octubre” –integrada por organizaciones de derechos humanos y familiares de los detenidos– aclara que este módulo, por lo general, se utiliza para los “primerizos”. Al igual que los otros familiares, Jorge los reconoce como “presos políticos”, una situación que ha sido compleja para ellos afrontar.

 

—Ellos no están acostumbrados a este encierro y tampoco nosotros, como papás, a visitar centros penitenciarios. No teníamos idea de nada (…) Pasado el tiempo, Diego en ningún caso se fue acostumbrando, pero sí asumiendo como una lucha porque si no, no tendría sentido la detención de todos los chicos de Santiago 1 y del país—, comenta.

 

La rutina y el desgaste

 

“La falta de espacio, la falta de naturaleza, la falta de privacidad, nos está matando. El apoyo entre nosotros es lo único que no nos hace perder la cabeza. Esto se demora, la imaginación escasea. Solo esperamos soluciones y respuestas al igual que el resto de la gente”, se lee en una carta que escribió un grupo de detenidos agrupados en el módulo 14, a un mes del estallido. Dicen, además, que entre ellos comparten sus conocimientos de oficios o habilidades artísticas (musicales o malabares) y deportes para pasar las horas de encierro.

 

Las visitas de los familiares son los jueves, en dos horarios y por recluso pueden entrar máximo cinco personas. Cada una puede llevarles una bolsa con artículos muy definidos: productos dulces (galletas y/o chocolates sin ningún relleno), salados, cuatro sándwiches, tres cajetillas de cigarrillos y una bebida o agua mineral.

 

—Tratamos de que vayan las cinco visitas porque, si bien a ellos les sobran un poco, es justamente para que estén preparados para recibir a los otros presos. Más ahora que se viene marzo, algo que nos preocupa por las leyes más duras que se aprobaron—, advierte Jorge Ulloa.

 

También cuenta que por más de un mes y medio durmieron entre tres a cinco personas en un solo camarote por celda. Esto cambió, en parte, con la visita de los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fines de enero, y fueron reubicados.

 

Según lo que le ha contado Diego, en algunas oportunidades los gendarmes han entrado a “reventarles” las celdas para ver si tienen algún tipo de armas o para evitar que se organicen. Pero eso no les ha quitado su interés por armar una biblioteca al interior del módulo y, aunque ha sido difícil ingresar libros, ya tienen cerca de 70.

 

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Salud mental

 

Ely Farías es mamá de Elías Cruz (23) y vive en El Bosque. Esta semana se cumplen tres meses desde que carabineros de civil detuvieron al joven en el paradero 18 de Gran Avenida, cuando volvía de la “Plaza de la Dignidad”. Está acusado, al igual que Diego Ulloa, por porte de artefactos incendiarios. Hasta antes de ser detenido, Elías trabajaba en una bodega.

 

Su mamá advierte que como hay sobrepoblación en el módulo 14 están mandando a algunos a la ex Penitenciaría. Reconoce que la seguridad es mucha, partiendo por la excesiva revisión que le hacen al ingreso hasta a los niños. Edith también ha notado los cambios de su hijo:

 

—Él es delgado, pero ahora lo está mucho más. Mide 1,70 metros y ya se le nota.  A él lo siguieron porque lo vieron supuestamente con un dron—, detalla la mujer.

 

Las condiciones físicas y psicológicas preocupan a los familiares. Anchi San Martín es terapeuta del área de salud mental e integra el Movimiento Salud en Resistencia. A principios de febrero acudió con un médico de la organización a Santiago 1 para prestarle ayuda médica a uno de los jóvenes detenidos que tenía problemas dermatológicos por una infección producida por chinches. Esa vez, los profesionales se enrolaron para el ingreso porque ya contaban con la autorización del tribunal. Pero la solicitud fue en vano. Gendarmería finalmente no los dejó pasar.

 

—Llegamos a Santiago 1 a las 10:00 horas y no nos dejaron entrar. Fue una sorpresa. No hemos intentado hacer nuevamente el ingreso. Es muy complejo porque esa vez nos dijeron que no había llegado el papel de autorización. Entonces, tenemos que hacer la tramitación de nuevo. Pero sabemos que se entrampan en resquicios legales—, precisa Anchi.

 

Lo mismo ha podido observar Pepa Aguirre, psicóloga del grupo ex Nido XX. Supo que uno de los jóvenes detenidos intentó suicidarse y después lo aislaron del módulo. Por lo mismo, pone énfasis en el acompañamiento constante. Sobre la alimentación, dice que no ha sido adecuada para el caso de las personas vegetarianas y veganas.

 

En este lugar solo se encuentran los hombres recluidos y la única mujer acusada por un delito asociado al estallido está la cárcel de San Miguel. De los que están en Santiago 1, varios han salido por cambio en las medidas cautelares. Hasta diciembre del año pasado se contabilizaban 2.200 personas en el país en prisión preventiva por delitos como lanzamiento o porte de artefactos incendiarios, desórdenes públicos, hurtos, entre otros. De estas detenciones, un porcentaje importante ha sido declarado ilegal por los tribunales.

 

Fuente: El Desconcierto

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